Campesinos del nordeste de la provincia presentaron un amparo y lograron que una jueza frene las fumigaciones con agroquímicos que afectaban sus campos. Es la primera vez que la Justicia de esa provincia adopta este tipo de medidas.
Campesinos
de San Luis lograron algo inédito para la provincia: frenar las
fumigaciones con agroquímicos. “Dispongo ordenar el cese de toda
actividad de pulverización con sustancias químicas de uso agropecuario”,
insta el fallo de la Justicia puntana sobre un campo de maíz y soja en
el nordeste de la provincia.
La medida fue solicitada por la Asociación
Campesina del Valle de Conlara, que desde hace años sufre las
fumigaciones. El fallo prohíbe el uso de todo tipo de agroquímicos y
aplica el “principio precautorio” vigente en la Ley General del Ambiente
(cuando haya riesgo para la salud y/o el ambiente, es necesario tomar
medidas preventivas). En la misma zona están presentes las empresas
Monsanto, Syngenta y Cresud.
En el nordeste de San Luis (departamento de Junín) sobresale la
turística localidad de Merlo. Las familias están en la zona “desde
siempre”, aseguran, son cuarta y quinta generaciones de campesinos. Hace
una década todo comenzó a cambiar. Grandes empresas llegaron, familias
campesinas fueron expulsadas del territorio ancestral y los desmontes
fueron regla. Los recién llegados (también denunciados por campesinos)
son las empresas Cresud (del Grupo IRSA, el mismo de los shoppings
porteños), Monsanto, Syngenta y pooles de siembra de menor renombre.
El acuífero generoso que riega el lugar animó a los empresarios a
utilizar la tecnología de pivot, unos grandes muñecos de metal con
ruedas que riegan con precisión y facilitan el agronegocio aun en climas
hostiles. Y comenzaron también las fumigaciones en campos de maíz
transgénico y soja. Las parcelas lindantes, propiedad de campesinos,
sufrieron consecuencias: animales muertos, huertas quemadas y afecciones
en la salud como intoxicaciones, problemas en la piel y el sistema
respiratorio.
En la zona está presente la Asociación Campesina del Valle de
Conlara, una de las organizaciones rurales más novedosas de la última
década. Interacción de técnicos y campesinos de diversas edades (de
abuelos a nietos), decisiones colectivas, articulación con
organizaciones rurales y urbanas diversas, apuesta a un modelo de
agroecología y soberanía alimentaria, y distante de los gobiernos. Todo
en una provincia con pocos antecedentes de organización rural.
El diálogo entre campesinos y empresarios no prosperó. Y en
noviembre la situación tocó fondo: se hicieron cinco fumigaciones en un
mes en los parajes Santa Martina y Ojo del Río, en el kilómetro 907 de
la Autopista 55. El hospital local confirmó la intoxicación de hombres,
mujeres y niños. Y los campesinos realizaron la denuncia contra el
empresario Mariano Poncio en la comisaría y presentaron un amparo
ambiental, con medida cautelar, para proteger la salud.
El Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minas y Laboral de Concarán, a
cargo de la jueza María Uccello de Melino, hizo lugar al pedido:
“Dispongo ordenar el cese de toda actividad de pulverización con
sustancias químicas de uso agropecuario en la zona que afecta a las
comunidades de Santa Martina y Ojo del Río”, resolvió.
Es la primera vez que en San Luis se prohíben las fumigaciones, con
particularidades sobresalientes: no se prohibió sólo el glifosato (el
herbicida más usado del país) sino todos los agroquímicos. Y no se
fijaron límites en metros como en otros fallos (los antecedentes
judiciales van de 300 a 2000 metros) sino que se prohibieron por
completo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La jueza fundamentó en base al artículo 41 de la Constitución
Nacional y el 47 de la Constitución de San Luis. Y remarcó la vigencia
del artículo 4 de la Ley Nacional 25.675 (Ley General del Ambiente).
“Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en
forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos
negativos que sobre el ambiente se pueden producir. Cuando haya peligro
de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza
científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de
medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación
del medio ambiente.”
La Asociación Campesina del Valle de Conlara apuntó al modelo:
“Nuestros cuerpos, nuestros bosques, nuestra agua y nuestra tierra no
pueden ser miradas por los empresarios como sus costos de producción, de
una producción que contamina, envenena y concentra. Y el Estado no
puede seguir mirando para otro lado”, advirtieron en un comunicado y
celebraron la decisión judicial. “Nos permite permanecer en nuestras
comunidades sin el temor de estar siendo fumigados, nos da la
posibilidad de pensar nuestra producción de alimentos sin agrotóxicos.
Nos refuerza la decisión de seguir viendo el campo como nuestro lugar de
vida, sano y natural. Esta medida se convierte en la fragua de nuestros
derechos, avivando el fuego de la esperanza y de la lucha”, afirmaron.
El fallo, con fecha del 13 de diciembre, afirma que las leyes
vigentes obligan a “prevenir y evitar el daño ambiental y a la salud,
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”.
La Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid,
empresarios del agronegocio), filial San Luis, cuestionó la decisión
judicial y la consideró “absurda y carente de fundamentos”.
Fuente: Página/12
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