Cristina Fernández fue denunciada por Traición a la Patria

El líder Nacionalista Alejandro Carlos Biondini, se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py e interpuso una denuncia penal contra Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman, Juan Manuel Urtubey y otros funcionarios por la posible comisión de los delitos de Traición a la Patria (art. 215 inciso 1 del Código Penal), Comprometer la paz y la seguridad de la Nación (arts. 219 y 225 CP), Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (art. 248 CP) y Abandono de personas (art. 106 CP).

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 3 a cargo del Dr. Daniel Rafecas, y el número de expediente es 705/2014.

La presentación está fundada en las gravísimas denuncias realizadas por distintos medios de prensa, en especial por el diario El Tribuno de Salta, que dan cuenta de la entrega de 600 kilómetros cuadrados de territorio nacional a Bolivia a través de un espúreo acuerdo entre el régimen kirchnerista y el gobierno de Evo Morales.

En la demanda, Biondini demuestra con claridad las contradicciones y falsedades en las que incurren las autoridades kirchneristas, que pretendieron desmentir los hechos, y aporta pruebas que avalan la presentación judicial.

Asimismo, entre los denunciados se encuentra el intendente de la zona afectada por la entrega, Cástulo Yanque, quien reconoció públicamente que las familias argentinas que viven en los territorios cedidos por el gobierno a Bolivia han sido intimadas por funcionarios y militares de Evo Morales a abandonar la ciudadanía nacional y a adoptar la boliviana.

Al respecto, Biondini señala en su demanda: “El propio funcionario reconoce que con el nuevo hito, hay familias argentinas que de un día para el otro quedaron “en territorio boliviano”, cuando en verdad siempre vivieron como argentinos en territorio argentino. Toda esta situación nos lleva a varias preguntas: ¿Cómo una persona puede obtener la ciudadanía argentina y ser reconocida como salteña por el Estado Nacional si supuestamente vivía en territorio boliviano? ¿Por qué Bolivia nunca antes había reclamado como propios dichos territorios, y recién lo hizo cuando estuvo instalado este hito, si teóricamente no había conflictos y estaba clara la delimitación fronteriza? ¿Qué estudios avalan la instalación de este hito? ¿Por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores jamás tuvo en cuenta a esas familias argentinas al momento de la instauración del mojón? ¿Por qué ninguna autoridad nacional, provincial o municipal tomó cartas en el asunto cuando supo que las familias estaban siendo amenazadas por militares extranjeros?”.

Biondini observa que según han explicado expertos salteños en la materia, la Cancillería decidió desconocer aviesamente el Tratado Internacional celebrado en 1953 entre Argentina y Bolivia, avalado por la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, y aplicó un convenio de 1925. En el Tratado de 1953, la delimitación territorial sería mucho más clara, y en ella los 600 kilómetros cuadrados cedidos con la fijación del nuevo y polémico hito son reconocidos como territorio argentino.

En la denuncia Biondini afirma textualmente: “(…) estamos ante un grave conflicto. Por una parte, todas las autoridades nacionales reconocen que se ha instalado un nuevo hito fronterizo en un acuerdo con el gobierno de Bolivia. Según la versión oficialista de los hechos, dicho hito no modifica el trazado fronterizo de nuestro país y se basa en un Tratado de 1925. Sin embargo, investigaciones periodísticas independientes y análisis de expertos en la materia dan cuenta de que las autoridades han desconocido otro Tratado Internacional de 1953, publicado por la Comisión Mixta Demarcadora de Límites de Argentina y Bolivia, y que por haberlo desconocido, el hito ha sido colocado 30 kilómetros adentro de nuestro suelo, implicando la pérdida de un sector nacional de 600 kilómetros cuadrados. (…) Las autoridades exhiben una debilidad argumental mayúscula, ya que no muestran estudio alguno que avale que la colocación del hito es correcta, simplemente alegan que cumplen con un tratado precedente. Como se comprenderá, en un caso tan delicado como es la demarcación fronteriza, no es lógico que se deba confiar únicamente en el criterio de un puñado de funcionarios, sino que debería haber sido un tema abordado a nivel científico y técnico, y que naturalmente tenían que ser comunicados los pobladores argentinos de la zona; ambas circunstancias no se produjeron en este caso. La Licenciada Bianchetti, por su parte, da por tierra con las fundamentaciones gubernamentales y profundiza más las dudas acerca de la legalidad del accionar oficial”.

En otro pasaje de la denuncia, Biondini subraya que la demarcación de límites es potestad exclusiva del Congreso Nacional según ordena el artículo 75 inciso 15 de la Constitución Nacional, por lo que la ilegalidad de la actuación de los funcionarios kirchneristas es aún más evidente.

Además, Biondini destaca la labor de investigación periodística de El Tribuno de Salta, sosteniendo: “Como Ciudadano Argentino, asumo la responsabilidad de denunciar penalmente esta situación y a sus responsables. En incontables ocasiones de nuestra historia hubo hechos de corrupción que fueron profusamente desmentidos por las autoridades de turno y que luego salieron a la luz por las investigaciones periodísticas independientes. Este hecho podría sumarse a esa lista. No basta con confiar en las afirmaciones de los funcionarios nacionales, máxime cuando hay denuncias concretas firmadas por periodistas con nombre y apellido y publicadas desde un medio de prensa reconocido a nivel nacional como es el caso de El Tribuno de Salta. La Justicia muchas veces ha tenido que desmentir las versiones oficialistas y condenar a los corruptos que clamaban su inocencia”.

De comprobarse todos los extremos denunciados, Alejandro Biondini demanda a la Justicia Federal que condene por Traición a la Patria a la actual presidente de la Nación, a su canciller, al gobernador de Salta, al titular de la Comisión Nacional de Límites y al intendente de la localidad salteña de Santa Victoria Oeste. La pena prevista en el Código Penal para este delito es de prisión o reclusión perpetua.